7 de abril de 2017

LO QUE NO TE CUENTAN LOS “PROGRES” CUANDO HABLAN DE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Por Marat

1.-De repente, desde todos los rincones se empezó a hablar de Renta Básica Universal
Hasta hace bien poco el debate sobre la Renta Básica Universal (a partir de ahora RBU) se hallaba limitado a determinados sectores de la “izquierda”, esa que desde sus evoluciones ideológicas, a la que algunos hemos dado en llamar los “progres”, sus publicaciones, ciertos ámbitos más o menos académicos y poco más.

Cierto que en algún momento el debate se hizo mucho más amplio y alcanzó a gran parte de los medios de comunicación de masas -ya no tan de masas como hace algunos años- porque Podemos, el partido que emergió con fuerza en las elecciones europeas de 2014, lo presentó como uno de sus temas estrella en su programa de entonces. Y el impacto alcanzado desde entonces por dicho partido le dio el impulso necesario para convertirse durante un breve período en una cuestión de moda mediática, sobre todo porque los medios masivos y los partidos de la derecha lo desecharon como utópico y fiscalmente insostenible. Pero como Podemos pronto lo abandonó, para sustituirla por una Renta Garantizada, ya no Universal -intentar seguir el número de cambios programáticos de este partido sí que es, no una utopía sino una quimera- el interés de los medios y partidos por el concepto decayó de nuevo, volviendo a quedar reducido a un ámbito poco más amplio del que tenía primero.

Pero, de pronto, en las últimas semanas el asunto de la RBU ha vuelto a ser un tema recurrente y ampliamente tratado por los medios de masas y no por algún ignoto éxito de comunicación “progre”, aunque no faltarán intentos por parte de este sector “ideológico” de reivindicar la paternidad de dicho “éxito”, sino por algo que tiene mucha más notoriedad. La Cumbre de Davos (el Foro Económico Mundial) de 2017, esa especie de asamblea anual que reúne a los principales líderes económicos y políticos mundiales, junto con sus pléyade de intelectuales y expertos a sueldo, ha decidido apadrinar esta cuestión, considerándola como una medida necesaria, aplicable y quizá inevitable. Scott Santens, fundador del Economic Security Project expuso la idea en la web oficial del Foro Económico Mundial. No sé a ustedes, pero a mí que la crème de la crème del capitalismo mundial se vuelva, de repente, tan generoso me escama y es el motivo por el que he querido compartir con ustedes este artículo que ahora escribo.

Quizá debamos comenzar por tratar de ver más allá en cuanto a lo que realmente hay detrás de la RBU y por explorar la orientación político-ideológica de sus diferentes promotores.

2.-¿Qué hay detrás de la RBU?
Los diferentes partidarios de la RBU destacan de ella la necesidad de dotar a los “ciudadanos” (la población en general) de un ingreso permanente que haga frente tanto al desempleo crónico y estructural como a la desaparición de millones de empleos en los próximos años por efecto de la digitalización y la robotización. Según un estudio conjunto de Citibank y la Universidad de Oxford, el 57% de los empleos en los países de la OCDE puede desaparecer en los próximos años

La RBU se presenta así como una apuesta contra la pobreza, tanto de quienes sufren la lacra del desempleo como de quienes no la sufren pero tienen unos empleos con salarios que les sumen en la pobreza.

Sus defensores insisten en la eficacia de la medida por ser un ingreso que se recibe “ex ante” y no “ex post”, como hasta ahora los diversos subsidios contra el desempleo, así como otras ayudas y prestaciones, a cuya gestión pública se acusa de ineficaz, burocrática y condicionada a una serie de requisitos, con el fin de comprobar que los destinatarios de los mismos son realmente quienes los necesitan. El Estado actuaría como proveedor de la RBU y sustituiría a dichos subsidios.

Pero, además de presentarse como un medio para combatir la pobreza, se alude a la RBU como un medio para garantizar la libertad de la gran mayoría de la población porque, en palabras de uno de sus más conocidos defensores, Daniel Raventós, “quien no tiene la existencia material garantizada no es libre”. De este modo, el individuo cobra autonomía porque se hace responsable de su propia vida y del uso que haga de esa renta.

Es importante señalar que la RB sería, para sus postulantes, Universal, por cuanto la recibirían todas las personas, desde que nacen hasta que mueren. El objetivo sería extender la RBU para todos los habitantes del mundo. En palabras del historiador Rutger Bregman, uno de sus promotores, autor de “Utopía para realistas”, donde da a conocer esta forma de prestación universal, “la obtendrían todos: ricos y pobres”

Así mismo es individual, pues la recibe cada persona, independientemente de que sea hombre, mujer o niño, si bien en diferente cuantía según su edad. No está ligada, por tanto a un hogar o núcleo familiar. Es igualmente independiente del estado civil o de las propiedades e ingresos que tengan otros miembros de la familia del beneficiario.

Según el sector “progresista” de los promotores de la RBU, está sería incondicional; es decir, que se recibiría sin depender de condiciones previas, tales como aceptar o no un empleo remunerado u otras cuestiones. También será independiente de tener o no empleo, ingresos, ahorros o propiedades, sean éstas en la cuantía que sean. No obstante, entre su corriente de derecha, a la que más tarde me referiré, hay quienes plantean esta prestación como posible complemento a otros ingresos de la ligados al salario o al autoemprendimiento de la personas. Ello afecta, en la práctica, la incondicionalidad de la RBU.

Derivado de lo anterior, cabe extraerse que no existe un acuerdo entre la comunidad de partidarios y promotores de la RBU en cuanto a que el carácter de ésta sea suficiente para permitir mantener por sí mismo un nivel de vida digno. Para los “progresistas” debe serlo pero no parece que sea así para los sectores más declaradamente liberales y conservadores.

No voy a entrar en el debate sobre la viabilidad financiera o no de la RBU porque eso me llevaría a jugar en campo ajeno, debatiendo no de los presupuestos políticos subyacentes en la misma sino de otra cuestión muy distinta -lo que hay detrás de la propuesta de la RBU-, que quienes son partidarios de aquella no parecen estar tan interesados en discutir de un modo abierto y claro.

Pero, aunque no voy a debatir sobre si es posible o no mantener la sostenibilidad financiera de la renta básica, sí quiero entrar en la idea de ahorro de los subsidios tildados de ineficaces para combatir la pobreza y de burocratizados en su gestión.

Los señores Raventós, Arcarons y Torrents, en un artículo titulado “La renta básica incondicional y cómo se puede financiar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta”, publicado en Sin Permiso, de la que el señor Raventós es uno de sus más destacados responsables, y en el blog de la Red de Renta Básica, apuntan algunas vías sobre cómo financiarla. Me detendré en la primera de ellas.

En el cuadro 1 de dicho artículo presentan un conjunto de prestaciones o subsidios, bajo el epígrafe de Ahorros. Luego entenderemos porque lo denominan así. Incluyen, entre otros, los siguientes subsidios:
  • Pensiones
  • Prestaciones de desempleo
  • Subsidios de exclusión social
  • Becas
  • Subsidios y ayudas a la familia
  • Subsidios y ayudas a la vivienda
  • Clases pasivas del Estado
Junto con otros conceptos que no se exponen por ser de cuantía menor, el montante total en este cuadro es de 92.222, 26 millones de euros. Hay que reseñar que las cifras correspondientes a dichas prestaciones se corresponden con los perceptores de los mismos que disponen de rentas superiores a los 10.000 euros anuales que no tenían obligación de hacer declaración del IRPF por la baja cuantía de sus ingresos. Aclaran los autores del artículo que la RBU “sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior” (a la cuantía mensual de la RBU) y “deberá ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria”. Pues bien, la cifra de 92.222, 26 millones de euros es “ahorro” para la RBU porque ésta sustituiría a las percepciones monetarias de quienes están incluidos en dichos conceptos.

En plata, para entendernos tras el enrevesado argumentario financiero que el artículo emplea, lo que esto significa es, entre otras cosas, que estaríamos sacando a una parte de la población del sistema de pensiones y de prestaciones por desempleo. Eso sin contar con que lo mismo pasaría con el derecho a percibir becas de estudios y subsidios y ayudas bien a las familias, bien a la vivienda.

Para entendernos más claramente, de un modo sibilino, se está dando un espaldarazo al ataque a las pensiones que hoy se está realizando desde los sectores favorables a su privatización. Sacar de las prestaciones a sectores de población, se trate de quienes pertenecen al régimen contributivo o al no contributivo de la Seguridad Social es ir restringiendo aquellas.

Las pensiones, junto con las prestaciones por desempleo u otros subsidios como la Renta Mínima de Inserción y las becas de estudios forman parte de las conquistas históricas de la clase trabajadora, se han convertido en derechos de tipo objetivo que, aunque hoy estén siendo atacados por el sistema capitalista, la clase trabajadora debe defender y no aceptar que nos los quieran ir desmontando incluso por la vía “progre”.

Aunque Phlippe Van Parijs, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, fundador de la Red Europea de Renta Básica, de la que preside su comité internacional, uno de los líderes del sector “progre” a nivel europeo y mundial de la RBU, tiende a negar que se vayan a eliminar prestaciones del Estado del Bienestar, lo cierto es que en un artículo publicado en 2013 en dicha revista señala lo siguiente:

Un escenario posible es que, a medida que vayamos tomando conciencia de los fenómenos de la trampa de la dependencia creados por los dispositivos condicionales y del coste administrativo de estos complejos sistemas, iremos optando por una racionalización que incluya una renta básica. (…) Una vez adoptado un dispositivo de este tipo, tendríamos en marcha todos los mecanismos para el pago de la renta básica y podríamos empezar a suprimir progresivamente tal o cual prestación, aumentando así la cuantía de la renta básica.”

No aclara cuáles son esas prestaciones o “dispositivos condicionales” pero condicionales son las coberturas de desempleo y las pensiones de jubilación.


Rutger Bregman, perteneciente a ese sector “progre”, afirma:

[La RBU] “sí, sustituiría cierta parte del sistema de bienestar (…) habría una parte que conservar, como el sistema sanitario o la educación. Hay una parte de la derecha que quiere que la renta básica sustituya a todo el sistema del bienestar, pero no es esa renta básica por la que yo apuesto. Yo la veo como el gran logro del sistema de bienestar, como un complemento a la educación o sanidad, cosas que ya tenemos. Pero sí podría sustituir programas de subsidios o de distribución de ingresos que están muy condicionados y muy burocratizados”.

Un liberal partidario de la RBU, Santiago Niño Becerra, tiene la virtud de ser mas sincero en las pretensiones de utilizar este tipo de prestación universal para terminar de volar el Estado el Bienestar. Dice lo siguiente:

El sistema de pensiones que hemos conocido es insostenible, por ello, y entre otras razones, se impondrá la renta básica: una especie de ingreso medio que absorberá subsidios y pensiones y a partir de aquí que cada cual se las componga como pueda". Tal sinceridad es de agradecer porque permite desmontar algunas de as falacias y los intereses ocultos que hay detrás de la RBU.

En roman paladino, ¿qué quedaría del maltrecho Estado del Bienestar por el que han peleado varias generaciones de trabajadores a medio plazo cuando se implantase la RBU? Pues parece que la sanidad y la educación y muy poco mas porque da la impresión de que las coberturas del desempleo y otros subsidios al parado y las pensiones serían sacrificadas o se irían extinguiendo para no redundar o inflar excesivamente el gasto en la sostenibilidad de la nueva renta. Pero si el argumento de ir eliminando determinadas prestaciones de servicio a cambio de incrementar las cuantías de la RBU se plantea de este modo, ¿qué impide que en el futuro desaparezca el carácter público de la sanidad y la educación?

El propio carácter universal, incluyendo que la recibirían perceptores de todas las edades, refuerza la idea de un flujo monetario que sustituiría a las prestaciones de tipo social.

En este contexto se estaría pasando de la idea de prestación de servicio entendida como derecho objetivo con una plasmación legal, constitucional y colectiva a un derecho potestativo, que ya no contempla la gratuidad de los servicios sino las prestaciones de tipo individual y la responsabilización del individuo respecto a la satisfacción de determinadas necesidades. Desaparece de este modo una forma de salario indirecto para la clase trabajadora que ha sido durante tiempo consecuencia de una conquista histórica para entrar en el ahí te las compongas con el dinero que te damos. El pago de la RBU no dejaría de ser una especie de caridad pública, eso sí laica, que algunos presentan como complemento salarial, lo que recuerda a fórmulas distintas pero no tan lejanas, como la famosa mochila austriaca de Ciudadanos.

Cuando se une la idea individualista en la gestión de la propia vida del perceptor a partir del uso libre que él decida hacer con la RBU a la insistencia en la ineficacia de los servicios de cobertura actuales y a la burocratización que conlleva, uno no puede dejar de notar el tufillo liberal, incluso minarquista o libertariano del Estado limitado o Estado mínimo y lo menos intervencionista posible.

Afirma el sector “progresista” de los partidarios de la RBU que ésta permitiría que los trabajadores no tuvieran porqué aceptar trabajos de mala calidad o mal retribuidos, por lo que su capacidad de presión en la negociación de los salarios se vería incrementada. Pero esto es discutible en los casos en los que la RBU tiene un carácter de percepción complementaria. Cuando la RBU es demasiado baja -y 625 € no son precisamente una cuantía elevada- puede suceder todo lo contrario, que el trabajador, para complementarla se vea obligado a aceptar empleos muy mal remunerados, careciendo de poder presión real, lo que, en la práctica, se convertiría en una especie de subsidio indirecto a las empresas, al permitirles incrementar la presión a los trabajadores en paro para aceptar sueldos realmente miserables con los que complementar la RBU. Puede muy bien suceder que, en la práctica, la RBU se convirtiese en un medio de institucionalizar la precariedad.

La RBU se nos presenta como un sistema cerrado en el que su financiación se sustenta en base a una profunda reforma del IRPF, en la versión “progre” de Raventós, Domènech y Arcarons en la que todo lo que entra sale en una circularidad permanente. Y, a la vez, es para ellos, el gran medio redistribuidor por el que el 20% de la población más rica, los que mucho dan poco necesitan (percepción más limitada de la cuantía de la RBU) y los que poco dan, porque poco pueden (el 80% según Raventós), mucho reciben (renta más cuantiosa).

Para que los ricos y grandes capitalistas aceptasen grandes cotizaciones de IRPF habrían de obtener algún beneficio de ello. Ya que la RBU que percibirían estaría muy por debajo de sus cotizaciones, el interés de los señores de la Cumbre de Davos, de muchos magnates de Silicon Valley y destacados CEO de grandes corporaciones multinacionales de la Nueva Economía ha de estar en otro lado ¿Qué otro lado podría ser ese que el de los nichos de nuevos mercados que se les abriría al privatizarse los servicios públicos y ser sustituidos estos por la RBU para evitar “redundancias de gasto”? No olvidemos que, para el capital, el beneficio es la base de su existencia y que si éste no existe estamos ante la idea de gasto y no de capital productivo.

Conviene desmontar las falacias que se nos están contando por ahí acerca de la RBU por lo que respecta a los exitosos experimentos de aplicación de la misma.

En el caso de Finlandia un gobierno de coalición de derechas, el que está presente la extrema derecha (Verdaderos Finlandeses), lo que se ha aplicado no es una RBU sino que se ha realizado una prestación a 2.000 parados (no a toda la población en cualquier circunstancia laboral) una renta de 560 € al mes (no es económicamente suficiente) durante un período de 2 años (no por tiempo ilimitado). Si es cierto que es incondicional: recibirán, encuentren o no trabajo, esa cantidad durante ese período limitado de tiempo pero no es precisamente un sueldo Nescafé para toda la vida. De hecho, por su escasa cuantía, su percepción limitada en el tiempo y su destino a un colectivo de parados se parece más a una Renta Mínima de Inserción, salvo en que durante ese período se seguiría cobrando, aunque se encuentre trabajo, que a una RBU.

Llamativamente el experimento finés se está haciendo en un contexto de recortes sociales en el país y de debate social y político sobre la sostenibilidad de su modelo de Estado del Bienestar.

El caso de Alaska tiene de Universal el hecho de que lo recibe cada habitante, trabaje o no e independientemente de su nivel de renta (también es incondicional) pero se aplica en el Estado norteamericano en el que menos desigualdad existe (por lo que no parece destinado a paliar la pobreza), incluso antes de la aplicación de su Renta Básica, es fluctuante en cuanto a la percepción que se recibe porque, al estar ligado a un fondo de inversión derivado de la industria petrolera (Fondo Permanente de Inversión), depende de los rendimientos que dicho fondo dé cada año y se aplica en un territorio con muy poca población. Veremos cuál es la viabilidad de su Renta Básica cuando el petróleo de Alaska se agote.

En Kenia y en Namibia la están recibiendo colectividades pequeñas y personas especialmente pobres, por lo que no es universal, durante un período de tiempo (en Kenia por 10 años). En realidad están más cerca de subsidios a la pobreza que de una RBU.

3.- ¿De dónde nace la RBU y cuál es su ideología de fondo?
Puestos a buscarle paternidades, a la RBU le salen padres y antecedentes hasta de debajo de las piedras. De Tomás Moro a Thomas Paine, una especie de “liberal progresista” que buscaba nivelar la desigualdad sin cuestionar la propiedad; de Josep Charlier, un humanista que creía en la necesidad de legitimar la propiedad privada de los medios de producción, facilitando el sostenimiento económico de los trabajadores, a Milton Friedman, padre de la gran embestida neoliberal de Tatcher y Reagan y mentor de las barbaridades económicas de los Chicago Boys chilenos durante la dictadura de Pinochet; de Antoine Augustin Cournot, un economista de la escuela marginalista, experto en el análisis matemático y estadístico de la oferta y la demanda, a James Tobin, un economista keynesiano -para entendernos, un liberal intervencionista- asesor de la Fundación Ford, de varios presidentes norteamericanos y de la Reserva Federal de dicho país; del “socialismo ético” de Fichte a la política conservadora británica Juliet Rhys-Williams, y tantos y tantos otros, ninguno cuestiona la propiedad. Tienen en común el hecho de que ligan la libertad a la propiedad. Si acaso su fundamento ético consiste en que la propiedad tenga una cierta distribución o redistribución que impida la existencia de pobres, lo que limitaría la base de sus fundamentos liberales, en la medida en la que esa libertad no sería universal y para todos los seres humanos.

Se me dirá, quizá, que se trata de una propiedad que permita los medios de subsistencia. Pero en el fondo, la discusión real no está ahí -en la idea de asegurar los medios de existencia- sino en que el pensamiento subyacente detrás de esa ligazón de libertad y propiedad para todos está en la idea de colar de rondón la legitimación de la propiedad privada de los medios de producción y su consecuencia, el sistema capitalista. Y eso por mucho que algunos liguen la idea de la RBU al concepto de “post-capitalismo”, cuando en realidad lo que no quieren hablar es de sociedad socialista sino post-industrial, en la que muchos países centrales del capitalismo llevan ya algunos decenios instalados.

Para entendernos, la RBU no es la negación de la propiedad privada de los medios de producción, ni del capitalismo, sino el bálsamo que impida los estallidos sociales, consecuencia del incremento del paro estructural durante el viaje del sistema productivo capitalista hacia la digitalización y la robotización que ya se está produciendo desde hace años. Y de paso, acelerar el desmonte del Estado del Bienestar hacia un Estado que recuerda a las Leyes de Pobres de Inglaterra y Gales pero en su aplicación más moderna y centralizada, para convertir sus servicios de gasto en beneficio para el capital productivo, como la que se produjo en el Reino Unido a partir del siglo XIX. Pero eso sí, en versión laica, estatal y revestida de argumentos pobres y dignificadores de la persona. Todo muy moderno.

Y en esto el llamado republicanismo moderno o democrático de tinte progresista no se diferencia sustancialmente del oligárquico y del liberalismo más de derechas. La ligazón libertad-propiedad en al que se asienta la RBU no cuestiona el orden capitalista, ni la propiedad privada de los medios de producción, por mucho que algunos de ellos quieran presentarse dentro de la corriente de un “marxismo analítico”, que es el menos marxista de todos los marxismos, porque niega la dialéctica, que es la esencia de la razón revolucionaria marxista. Se travisten a la medida de sus objetivos. Pero lo cierto es que alguno de ellos como Phlippe Van Parijs, al que se presenta como libertario de izquierda, es en realidad, por la distorsión anglosajona del término “libertario”, un libertariano (anarcocapitalista) en su versión “izquierda”. Ésta fue inaugurada en su día por Murray Rothbard, uno de los fundadores del Partido Libertario en Estados Unidos y partidario del acercamiento a la Nueva Izquierda -comeflores, para entendernos- de ese país en cuestiones como el activismo y lo sociocultural.

Situar al ser humano fuera de los antagonismos de clase, desproveerle de su sentido colectivo y embridarle en su necesidad de lucha transformadora, mediante una ligazón individual a un Estado que se libera de todos los compromisos que en su día reflejaron las conquistas arrancadas por las lucha de la clase trabajadora, es el objetivo inconfesado de la RBU. Sea en su versión de liberales de derecha o de liberales de izquierda, la jugada es clara: acabar de desarmar a la clase trabajadora, en un momento de gran confusión ideológica y de penetración en el campo de esa cosa que ya no es ni izquierda política y que ha devenido simplemente “progre”. Pero eso sí, atendiendo al aparentemente diverso mercado político con un argumentario que, en cualquier caso, pretende devolvernos al siglo XVIII en cuanto a carencia de derechos sociales pero revestido de libertad, emancipación y mucha robótica. Por ese motivo, lo suyo no es la igualdad real, imposible mientras los capitalistas sean los dueños de los medios de producción y el Estado su representante de clase, porque impondrán su ley, sino la mera igualdad de oportunidades liberal, la cuál jamás se ha cumplido tampoco en la práctica dentro del capitalismo porque la desigualdad es la base, por mucha RBU que nos vendan.

4.- ¿Qué líneas deben defenderse desde una posición de clase?
Cuando hablo de defender una posición de clase me refiero a la trabajadora porque la otra clase, la capitalista, tiene muy claros sus interés, su programa político y social y sus objetivos.

En primer lugar la defensa del empleo que pasa, ineludiblemente, por el reparto del empleo, lo que significa trabajar muchas menos horas para trabajar más personas. Y no se trata de justificar nuestra exigencia de trabajo desde ninguna demostración de viabilidad de la reducción de la jornada laboral. Ese es el problema de los patrones. En cualquier caso, ellos saben que es técnicamente posible porque la incorporación de equipamientos tecnológicos permite elevar la productividad.

Junto a lo anterior, es necesario defender salarios dignos, por el mismo argumento que acabo de dar, incluso trabajando menos horas.

A su vez, es necesario defender todas nuestras conquistas históricas que aún continúan vigentes dentro del mal llamado Estado del Bienestar porque son nuestras, las arrancamos con nuestras luchas y las de quienes nos precedieron y no son, en absoluto, una concesión. No habrá mejor defensa que pelear por ampliarlas, bajo la amenaza de que su sistema se desestabilice en caso contrario.

Y, por supuesto, exigir que ya que el Estado capitalista y la clase a la que representa no nos reconocen nuestro derecho al empleo con el que ganarnos el pan, proteja a los parados con prestaciones dignas, suficientes y por el tiempo que sea necesario, mientras no nos saquen del desempleo.

No debemos olvidar que para responder a todo ese desafío es necesario organizarnos como clase, al margen de los intereses de quienes defienden el sistema capitalista actuando como flautistas de Hamelín. Y por supuesto, combatir ideológicamente a este tipo de vendedores de peines para calvos. 

30 de marzo de 2017

JAPÓN EN EL LABORATORIO: ECONOMÍA POLÍTICA DEL ABENOMICS

Viñeta del dibujante chino Luo Jie
Alejandro Nadal. La Jornada

La economía japonesa es un gran experimento sobre la evolución del capitalismo. Desde los orígenes de su proceso de industrialización a partir de la restauración Meiji en el siglo XIX hasta las políticas recientes para salir del estancamiento, las lecciones se multiplican. Nadie interesado en el devenir del capitalismo debe ignorarlas.

Durante el periodo 1950-1973 la economía japonesa mantuvo tasas de crecimiento del PIB superiores a 11 por ciento en promedio. Pero después de esos años el ritmo de la expansión comenzó a debilitarse. El crecimiento en la década de los 80 ya estuvo marcado por la ralentización, con tasas promedio de 4.6 por ciento. Ese crecimiento estuvo impulsado por episodios de inflación en los precios de bienes raíces, mejor conocidos como burbujas. El efecto riqueza que acompañó esos eventos proporcionó un impulso artificial al crecimiento.

En 1990 una de esas burbujas creció de manera desorbitada y reventó con mayor fuerza. Le siguió un proceso de crecimiento mediocre (0.73 por ciento anual entre 1993-1999). Los economistas no podían interpretar la causa de esta “década perdida”. A pesar de mantener bajas tasas de interés y un persistente déficit público, la economía japonesa siguió sin responder. Después de 10 años de crecimiento cercano a cero, entre 2000 y 2007 se presentaron síntomas de una mediocre recuperación con tasas de expansión de 1.5 por ciento. El enigma se hacía más interesante porque en esos años se introdujeron recortes en el gasto público, lo que en teoría debería haber frenado más el crecimiento. Y después vino la crisis de 2008: a partir de ese año el crecimiento volvió a su ritmo letárgico, con una tasa promedio anual de 0.22 por ciento. Hoy los economistas tradicionales siguen sin poder identificar las causas de la enfermedad que aqueja la economía japonesa.

En 2012 el nuevo primer ministro, Shinzo Abe, comenzó a aplicar un paquete de medidas de política económica para sacar a Japón del estancamiento en el que se encuentra desde 1992. Fue anunciada como una mezcla de “tres flechas”: dos de inspiración keynesiana y una de tipo neoliberal y con un enfoque sobre el lado de la oferta (que en la jerga anglo-sajona se conoce como supply-side economics). A esa combinación la entusiasta prensa internacional de negocios la bautizó con el nombre de Abenomics.

El primer componente es de política monetaria ‘no convencional’. Consistió en inyectar mayor liquidez y reducir tasas de interés a cero (y hasta terreno negativo) para inducir a un mayor consumo. La meta era alcanzar una inflación de 2 por ciento anual. La postura de flexibilidad cuantitativa ha llevado a una expansión aparatosa de la base monetaria, pero su impacto sobre el crecimiento ha sido nulo.

El segundo elemento fue un incremento del gasto público y condujo a un fuerte déficit público. Pero al mismo tiempo, el paquete incluyó un aumento del IVA de 5 a 8 por ciento con un efecto recesivo y regresivo a la vez. Se planteó por ley un aumento de 10 por ciento en abril de este año, pero lo más probable es que no se aplique dicha medida.

El tercer componente del paquete es de corte neoliberal: introducir “reformas estructurales”, reducción de impuestos a corporaciones y desregulación de mercados, especialmente del mercado laboral.

Abenomics es una mezcla de toda clase de medidas aplicadas simultáneamente: Keynesianas en el lado fiscal (aunque con impuestos recesivos), neoliberalismo y “supply-side economics”, política monetaria expansiva no convencional y una postura cambiaria devaluatoria.

¿Cuáles han sido los resultados? Para empezar, el crecimiento del PIB sigue siendo mediocre. Incluso la tasa de expansión sigue situándose por debajo del nivel que se tenía antes de iniciar la aplicación del paquete de medidas de Abenomics. El gasto de los hogares no se ha podido estimular y sigue estancado. Además, el objetivo de alcanzar una inflación de 2 por ciento tampoco se ha podido cumplir. Y como era de esperarse, tampoco se ha logrado la anhelada reducción del déficit fiscal y la deuda pública como porcentaje del PIB sigue en aumento.

La expansión monetaria del Abenomics condujo a una devaluación del yen japonés. Pero el efecto sobre el sector exportador no pudo contrarrestar el impacto de la contracción del mercado internacional provocada por la crisis. La balanza comercial pudo arrojar un superávit en 2016 pero sólo porque las importaciones se redujeron 16 por ciento.

En general, el paquete Abenomics presenta un saldo negativo. Ese resultado era de esperarse porque la economía japonesa sufre una deflación crónica que se acompaña de una crisis de hojas de balance en la que todos los sectores de la economía tratan de reducir sus niveles de endeudamiento. Y ese tipo de crisis, como bien lo ha señalado Richard Koo, tarda muchos años en superarse. Lo más importante es que desde el punto de vista de la clase trabajadora, el impacto es más bien tenebroso. Y es que el objetivo del paquete era simple y llanamente aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo.